cromosomas44xx Blog sobre temas de la mujer: la moderna, la feminista, la cibernética, la madre, la hija, la que no quiere críos, la que estudia, la que trabaja y la que busca chamba...es decir para todas las que nacimos con 46 cromosomas: 44 más XX.

Cumplirá 67 años el próximo 5 de mayo pero la cercanía de las elecciones regionales a ella sólo le indica que a partir de octubre sabrá el nombre quién la reemplazará en la presidencia del Gobierno Regional de Lambayeque. No se presentará a las elecciones regionales, pero está marcando escuela para todas las que aspiren a ser alcaldesas o presidentas regionales:

Asumió la presidencia de su región cuando sorpresivamente el presidente (Yehude Simon) elegido partió para el Ejecutivo y hoy, como la única presidenta regional promueve la participación política de las peruanas a través de RENAMA, Red Nacional de Mujeres Autoridades.  

Y desde ahí prepara un “golpe”, en positivo, para lograr que más mujeres lleguen al poder:  está en campaña para reunir 40 mil firmas que obliguen al Congreso a volver a poner sobre el tapete la Ley de la Alternancia.  Como se sabe, el Legislativo archivó la iniciativa sobre este tema que presentó el Ejecutivo a través del Ministerio de la Mujer. 

La entrevistamos en marzo último, en medio del ajetreo de un taller de RENAMA en Lima cuyo título habla de los afanes de Nery: “Construyendo una agenda común para el incremento de la participación de las mujeres”. 

¿Por qué no se presenta a las elecciones como candidata a la presidencia regional?
No, no voy a postular a la presidencia regional de Lambayeque. Yo llevo trabajando ocho años en el gobierno regional de Lambayeque, mis últimos dos años como presidenta regional.  No voy a la postular pero sí voy encabezando la lista al Congreso con mi grupo, el Partido Humanista Peruano.

¿Por qué la idea de talleres de participación política para las mujeres?
Los talleres son un esfuerzo del trabajo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y de RENAMA para formar  a más mujeres y motivar el incremento de su participación en política. Hoy terminamos este taller firmando una carta de intención entre la Ministra Vílchez y la RENAMA que nos permite seguir fortaleciendo esfuerzos para poder seguir incrementando la participación política de las mujeres

¿Las mujeres están concientes de su desigual participación en política?
Estamos consientes que hay una brecha de inequidad en varios aspectos, pero la mayor brecha es el tema de la participación política de las mujeres:  2.3% de alcaldesas a nivel país, contra 97% de varones. También contemos que no se eligió ninguna presidenta regional para este segundo gobierno del 2007-2010. Yo soy presidenta regional de Lambayeque pero no fui elegida como presidenta, fui elegida como vicepresidenta, ya todos que nuestro presidente regional, Yehude Simon, pasó a ser Premier y yo asumí la responsabilidad, así fue.  El que tengamos solamente el 30% de congresistas mujeres contra el 70% de los varones; todo eso nos hace meditar a las mujeres para asumir el gran reto de prepararnos, fortalecernos para poder participar en las instancias de gobierno en el próximo proceso electoral que se avecina.  Este taller nos ha permitido analizar realmente cuáles son los avances y limitaciones en manera de políticas públicas, que están favoreciendo una buena participación y una nueva igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y ver qué estrategias vamos a implementar para seguir incrementando la participación política de las mujeres.

¿Dentro de las estrategias se va a trabajar al interior de los partidos, donde también hay machismo y discriminación?
Entre nuestras estrategias está la “Ley de la Alternancia”, porque en el tema de lo que es el aspecto cuantitativo no tenemos ningún problema, la ley de partidos políticos establece que la mujer participa en una cuota de género no menor del 30%, pero en la realidad los partidos relegan a las mujeres a los últimos lugares. Por eso estamos luchando en este momento para presentar una iniciativa legislativa al Congreso. Queremos que todas las mujeres del país firmen los padrones que nos permitan alternar la representación en una lista de las mujeres: un hombre, una mujer en cada lista. 

¿El Ministerio de la Mujer no había presentado ya el proyecto de ley de Alternancia?
Pero el Congreso archivó la propuesta, de tal manera que hoy estamos renovando la propuesta, estamos haciendo una iniciativa legislativa con firmas en un documento comprado en el Jurado Nacional de Elecciones para presentarlo pronto, a más tardar en abril, y elaborando estrategias para que esto realmente se haga. De lo contrario, pues así como hicimos un plantón para que salga la Ley de Igualdad de Oportunidades, estaremos haciendo un plantón ante el Congreso para que se de la Ley de Alternancia que nos ponga a las mujeres en igualdad de condiciones para participar en el próximo proceso electoral.

¿De quién es la iniciativa?
Esto está realizándose por iniciativa de RENAMA y hoy también hemos hecho también una agenda de trabajo estableciendo compromisos para seguir trabajando por los derechos de las mujeres y tener este elemento como referencia en el próximo proceso electoral.

¿Cómo va la recolección de firmas?
La meta es 40 mil. Esta campaña la iniciamos en octubre. Yo como presidenta de Lambayeque ya mandé mi primera relación de firmas correspondientes a mi región. Ojo que no sólo tenemos firmas de mujeres, también hay firmas de hombres, así que no tenemos la menor duda de alcanzar la meta que nos hemos propuesto.

Una última pregunta, ¿se siente sola como la única mujer en la Asamblea Nacional de Presidentes Gobiernos Regionales?
Al contrario.  Cuando me incorporé ellos me recibieron con esta frase: “dentro de tanto clavel faltaba una rosa”.  Me he sentido muy bien trabajando con ellos, no he sentido nada especial por ser la única presidenta regional. Yo creo que el trabajo es fortalecernos como presidentes o presidentas regionales, ahí eso no es lo decisivo, sino la forma de trabajar por el desarrollo de nuestras regiones, y en eso estamos empeñados quienes ocupamos este cargo.  Claro, mi deseo es que en las próximas elecciones salgan elegidas muchas rosas.

El domingo 19 de abril Edwin Valero, venezolano, 28 años, campeón mundial de peso superpluma en boxeo, deportista favorito de Hugo Chávez, acuchilló a su esposa , Jennifer Carolina Vieira, en la habitación de un hotel .  Arrestado por la policía, se ahorcó en la cárcel la madrugada del día siguiente.

Valero  no es el primer campeón de box que asesina a su mujer.  En 1988 el rey de los pesos medios, el argentino Carlos Monzón, asesinó a su pareja, la modelo Alicia Muñíz. 

Lo que más llama la atención en el caso de la muerte de Jennifer Carolina es que hubo antecedentes de violencia machista que pudieron haber evitado el crimen, pero nadie, y menos la justicia venezolana, hizo nada por evitarlo.

En septiembre del 2007 Valero fue denunciado por agredir a su madre y hermana.  Y hace menos de un mes, el 25 de marzo, fue detenido por golpear a su esposa.  Ella fue ingresada en una clínica con una fractura en una costilla y un pulmón perforado.

El campeón fue acusado de violencia doméstica y estuvo internado desde fines de marzo a inicios de abril en un centro de rehabilitación por decisión judicial.  Pero una campaña de los medios de comunicación, las autoridades pugilísticas, “especialistas” y psiquiatras que hablaron de Valero como “una víctima” de las consecuencias de haber llegado al estrellato desde una cuna humilde y del consumo de drogas lo puso en libertad para “rehabilitarse”.



Para quienes participaron en esta campaña, Edwin Valero era “el único boxeador quien siendo aún campeón mundial tenía una carrera profesional con 27 nocauts en 27 peleas".  No contaban las 40 detenciones que tuvo por distintos hechos, incluyendo los cargos por violencia doméstica.

Durante casi un mes el tema de su detención fue materia de debate público.  Al final, Valero fue liberado y emprendió, supuestamente, el camino hacia la rehabilitación en una clínica en Cuba.  Se llevó con él a su esposa.  

Lo ocurrido en el hotel donde murió Jennifer demuestra que el boxeador debió permanecer en prisión cumpliendo su pena por las agresiones contra su esposa y que debieron darse medidas judiciales de protección para ella. 



Es tarde, ella está muerta. 

Los periódicos, incluyendo los de Perú, hablan del  “trágico fin del campeón”.  José Sulaimán, presidente de Consejo Mundial de Boxeo, declaró luto nacional en Venezuela por su muerte.  En 1995, cuando Carlos Monzón murió en un accidente automovilístico que tuvo durante las horas de libertad que tenía en el cómodo régimen penitenciario que cumplió por la muerte de Alicia, lo llamaron “gloria del box”. 

Homenajes para un asesino.  Ayer Monzón, hoy Valero.    

Este asesinato ha hecho que algunos vuelquen la mirada a lo que ocurre en otros hogares de Venezuela, donde, pese a contar con una Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sólo el 10% de víctimas denuncia a los culpables, según datos de la Dirección de Prevención de la Violencia del Instituto Nacional de la Mujer.

La única forma de no olvidar la vida de Jennifer Carolina Vieira es hacer justicia sobre su muerte y luchar para no permitir que más crímenes machistas se cometan.

Una buena noticia:  el comité encargado de evaluar a los postulantes a Premio Nobel de la Paz aceptó la candidatura de la organización de derechos humanos “Abuelas de la Plaza de Mayo”.
Cabecitas blancas, pañuelos blancos. 

En 1977 dos abuelas, Chicha de Mariani y Alicia de la Cuadra se conocieron.  Ambas habían recorrido ministerios, cuarteles, iglesias… buscaban a sus hijos, detenidos y desaparecidos tras el golpe militar de 1976 que ensombreció Argentina.  Estaban desorientadas, cansadas.  Se dieron cuenta que, como ellas, otras madres hacían lo mismo.  Se encontraban generalmente cerca a Plaza de Mayo. 

Se reconocían al principio por un clavo en la solapa, luego por un pañal en la cabeza.  Pañuelos blancos.
Juntas, conversando, se dieron cuenta que, si no encontraban a los hijos, tal vez podrían localizar a sus nietos.  Contra ellos no había cargos. 

Comenzaron a buscar juntas.  Y decidieron hacer pública su búsqueda. 

Una vuelta juntas alrededor de Plaza de Mayo.  Cada jueves, cogidas de los brazos, una vuelta, dos…  Silenciosa protesta frente a la Casa Rosada, entonces  ocupada por dictadores militares. 

En paralelo, iniciaron una labor detectivesca.  Buscaban nombres, testimonios, visitaban los Juzgados de Menores, los orfelinatos, las casa cunas, contrastaban historias, investigaban adopciones de la época.
Al cabo de más de 30 años buscando a sus nietos su historial de hallazgos supera el ciento de casos:  hasta febrero de este año las Abuelas han logrado recuperar 101 nietos.

En todo este tiempo han hecho más:  cuando un nieto encuentra a su abuela, su abuelo, sus tíos, a veces por lo menos uno de los dos padres; es como si un pedazo de la historia argentina se encontrara con otro.
 




 Veo la foto del caso 101 de nieto recuperado, en la conferencia de prensa junto a su padre, y digo, si son dos gotas de agua.  ¿Y si alguna vez se cruzaban en la calle?  ¿Y qué pasaba con ese chico cuando miraba a quienes lo adoptaron?


Francisco Madariaga, el nuevo nombre del nieto 101, lo cuenta con sus propias palabras:  “No me veía parecido a nadie, y era una familia violenta, no me dejaban avanzar…”

Le tomó diez años, desde el momento en que comenzó a tener dudas, hasta el momento en que pudo abrazar a su padre, el único hombre entre las Abuelas.  Pero en realidad el trabajo de identificación y judicialización no tomó más de 15 días, pues, gracias al trabajo de las Abuelas,  hoy existe un Banco de Datos Genéticos, creado por ley, donde figuran los mapas genéticos de todas las familias que tienen niños desaparecidos, y una Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).

Las Abuelas de Plaza de Mayo han motivado que unos 3.300 jóvenes argentinos acudan a esta Comisión para investigar su origen.  Se calcula que unos 500 bebés fueron robados a sus padres durante la dictadura militar.

En el caso de Francisco, tras una denuncia judicial se realizó el estudio de ADN en el Banco de Datos Genéticos y al dar resultado positivo la jueza resolvió detener a los padres “apropiadores” (de vidas ajenas) y preguntarle al joven si quería reencontrarse con su verdadera familia.


Todo gracias a las Abuelas. 

Cómo no alegrarse por su nominación al Nobel de la Paz.  Cómo no visitar la Plaza de Mayo en Buenos Aires (2003).  Sabía que ellas no estarían –no era jueves, los tiempos de dictadura ya se fueron-, pero igual quise estar ahí, algún vestigio de su lucha tenía que haber.  Y ahí estaba:  pintados sobre el piso de la plaza, pañuelos blancos en un círculo, homenaje a la lucha de estas mujeres.    

Los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizan en estos días su 41 período extraordinario de sesiones en el Palacio de Justicia de Lima.

Explicó el peruano Diego García Sayán, presidente de la CIDH, que estas audiencias obedecen a una política de acercar a la justicia interamericana a la población, al mismo tiempo que a una voluntad de descentralizar su trabajo. 

Así, la CIDH examina en Lima casos de violaciones a los derechos humanos de ciudadanos de Bolivia, México y Paraguay.

Uno de los casos que verán, probablemente hoy, 15 de abril, es el de México: Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas del municipio de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, acusan a los militares de un batallón de infantería instalado en esa zona de haberlas violado.

Los hechos ocurrieron en el primer trimestre de 2002.  Inés tenía 18 años cuando un grupo de militares irrumpió en su casa y, con la excusa de que no les respondía –no habla castellano-, un soldado abusó de ella.  

Valentina, también indígena tlapaneca, menor de edad entonces, pasó por una experiencia similar:   lavaba ropa cuando la increparon en castellano.  Al no responder, otro militar violentó su cuerpo.

Ambos casos fueron vistos en México por la justicia militar y estas mujeres no encontraron justicia en su país.
Por eso la Corte representa para ellas una oportunidad de ver atendido su reclamo por justicia, pues, como se sabe, es la única instancia en América que puede obligar al estado mexicano a darles una reparación por el daño sufrido.

Pero hay algo más en el hecho de tratar judicialmente en el Perú casos de violación sexual ocurridos en México:   en agosto de 2003, más de un año después de que estos casos se denunciaran en el país centroamericano, la Comisión de la Verdad entregó su Informe.  Allí señalaba que 527 mujeres fueron víctimas de violación sexual en la época de la violencia (entre 1980 y 2000).

Tras la entrega del Informe Final de la CVR se iniciaron los procesos de judicialización de algunos de los casos. En el caso de violencia sexual, la CVR denunció ante el Ministerio Público dos casos:   el de M. M., una mujer que prefiere ser identificada así, y el de 24 mujeres víctimas de violencia sexual en Huancavelica, sometidas a vejámenes por militares de las Bases Militares de Manta y Vilca.

Organizaciones de derechos humanos hicieron otras tantas demandas, sumando hasta 46 los casos que se han presentado al Ministerio Público.

Pero siete años después de la entrega del Informe de la CVR, el caso M.M. continúa en investigación por el Ministerio Público, según los abogados del Instituto de Defensa Legal, que representan a la víctima, habiéndose dado varios cambios de fiscal. 

Y el caso Manta y Vilca también continúa en investigación fiscal.

…………

Inés, Valentina, MM, mujeres de Manta y Vilca.  En México, en Perú; la situación es igual para ellas:  no hay justicia.  Aún.  A las mexicanas les queda la esperanza de lo que decida la CIDH en sus casos. Porque se atrevieron a denunciar y acudieron hasta esta instancia.

Por eso es importante que la CIDH sesione en el Perú y trate estos casos de violencia sexual.  Ocurrieron en el estado de Guerrero, México, y también aquí. 

Las peruanas víctimas de violencia sexual en la época de la violencia pueden aprender de lo que han hecho las mexicanas víctimas del mismo delito en su reclamo por justicia.

Y el Estado, especialmente el Poder Judicial, puede también tomar nota de lo que puede ocurrir si no garantiza la justicia a  las mujeres sobrevivientes de la violencia.

Hoy a las 10:00am se realizará en el Congreso de la República (Auditorio Congresal José Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el Jr. Azángaro Nº 468) la primera audiencia pública de la Comisión Especial Revisora de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar.  Será la primera de audiencias similares que se llevarán a cabo en Piura, Iquitos, Arequipa, Cuzco, Huancayo.

Quienes integran la comisión quieren conocer la situación real de la problemática de la violencia familiar en diferentes puntos del país, dar a conocer a la ciudadanía los avances de su trabajo y recibir de la propia voz de las  víctimas y población enfrentada al tema sus opiniones y sugerencias.  Todo esto en el marzo por armar la nueva ley contra la violencia familiar.

Esa es la novedad de la comisión multisectorial que preside Olga Cribilleros.  Encargados de revisar la ley 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, han decidido poner ésta de lado y partir de cero para hacer una nueva ley.

Tomaron la decisión el pasado martes 6 de abril, después de escuchar a más de 15 especialistas en violencia, entre agentes del Estado, representantes de grupos feministas, catedráticas, etc.

La palabra clave para la “reforma total” que la comisión quiere imprimir a su labor se resume en:  eficacia.  Y es que se necesita a gritos que la norma prevenga, investigue y sancione.  La comisión ha añadido a estas tres urgencias una cuarta:  que rehabilite.

Puntos en debate para la nueva ley

¿Por qué es necesaria una nueva ley?  En nuestro país dos mujeres son agredidas físicamente cada minuto, 27 de ellas son forzadas por sus parejas a tener relaciones sexuales cada hora. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) registra cada mes 5 tentativas y 12 muertes por feminicidio.  El Ministerio Público registró 133 feminicidios, con 135 víctimas en el 2009…

Un detalle:  si miramos bien, las estadísticas más graves afectan a la mujer.  Es decir, de toda la familia, si bien hay varones adultos e infantes afectados, la más afectada es la mujer.
 




 Es por eso que los grupos feministas demandan una nueva ley, sí, pero que sea una norma que proteja a los sujetos, no a la institución familiar.

“Los sujetos adultos más afectados son las mujeres. Por eso es necesario que la ley las atienda específicamente a ellas”, apunta Jeannette Llaja, directora de DEMUS.

La norma se modificó, desde 1993 en que fue creada, más de ocho veces. Su objetivo más importante era brindar medidas de protección a las víctimas de violencia familiar.  Las medidas podrían ser separar al agresor de la casa, prohibirle las visitas, etc. Una revisión de cómo ha funcionado la ley en los últimos años da cuenta que éstas medidas no se dan:  el agresor sigue viviendo en la misma casa que su víctima y, en casos extremos, termina matándola.

Relata Llaja que hasta hace poco la fiscalía y los juzgados no dictaminaban medidas de protección sino que más bien buscaban propiciar conciliaciones”.  Es decir, jueces y fiscales forzaban las reconciliaciones.

Pero ahora dan medidas de protección inútiles.  Muchas resoluciones fiscales y sentencias, señala la abogada, ordenan el “cese de la violencia” y “terapia para ambos”. La primera medida es inútil pues sería necesaria la voluntad del agresor, y respecto a la segunda, si bien es importante para la atención de la víctima y su agresor, “no constituye una medida de protección inmediata, por el contrario, dictándola el juez da la impresión que hasta la víctima es corresponsable”.

Al final, las mujeres se cansan y desisten del proceso. 

Completando las demandas feministas sobre los puntos que debe ser la nueva ley, Llaja agrega que debe ser una norma que:  establezca un solo proceso para la sanción de la agresión y las medidas de protección.

Juzgados especializados

Y también demandan, y en ello coinciden con el MIMDES, juzgados especializados para la violencia contra la mujer.

La Directora del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar del MIMDES, Paola Muñoz Zamudio, solicitó en su exposición ante la comisión que las denuncias por maltrato físico sean vistas por un solo juez para así contribuir en la celeridad y concentración del proceso.

"Actualmente una denuncia por maltrato físico tiene que ser tramitada ante el Juez de Paz Letrado y el Juez de Familia y si la agresión constituye delito tiene que ser conocida por un Juez Penal. Para evitar la revictimización de los agraviados, así como el desgaste de los recursos humanos de la administración de justicia es que proponemos que un solo juez conozca del proceso por Violencia Familiar", dijo Muñoz.

En España hay 83 juzgados especializados en violencia contra la mujer y 375 compatibles para atender todos los casos y además éstos. Guatemala, nos enteramos hace poco, tiene una ley contra el feminicidio y la violencia de género…

Ya lo saben las congresistas Olga Cribilleros, Alda Lazo y Margarita Sucari.  Lo saben María Del Carmen Abregú (representante del Ministerio de Justicia), Ana María Mendieta Trefogle (representante del MIMDES), Rita Arleny Figueroa Vásquez  (representante del Ministerio Público) y Eugenia Fernán Zegarra (defensora adjunta, representante de la Defensoría del Pueblo). Estas son las siete mujeres integrantes de la comisión que redactará el texto del proyecto de ley para contar con una nueva norma contra la violencia familiar.  El Poder Judicial, pese a reiteradas cartas recordatorias, no ha nombrado a su representante.

 

El título de la información es terrible:  “Niña muere por hemorragia genital 3 días después de su boda en Yemen”.  Nadie le preguntó a IIham, de 13 años, y menos su prometido, de 23 años, si quería casarse.  Simplemente, su familia siguió la costumbre “Al Badal”, mediante la cual las mujeres son obligadas a casarse para que su cuñada haga lo mismo con su hermano.

Se casó, o mejor dicho, la casaron, el 31 de marzo.  Y murió 3 días después, evidentemente por efectos de lo ocurrido en lo que fue una espantosa “luna de miel”.

La Asamblea Legislativa de Yemen modificó en febrero pasado, la Ley de Asuntos Civiles para elevar la edad del matrimonio a las mujeres hasta los 17 años…pero el incumplimiento de la ley no está penalizado, y la ley aún no está promulgada.  Si lo hubiera estado, IIham no se hubiera casado y estaría viva.

En el debate desatado sobre el tema en la asamblea yemení se han escuchado cosas como que la ley “no puede prohibir lo que permite Alá”.

Ojalá la muerte de IIham, denunciada por activistas de derechos humanos y organizaciones feministas, motive a los y las legisladores/as de este país a revisar la ley aprobada e incluír las penas necesarias por su incumplimiento:

Niña muere por hemorragia genital 3 días después de su boda en Yemen

(EFE)  Una niña yemení de 13 años ha fallecido por una hemorragia originada por un desgarro en sus órganos genitales, tres días después de su boda, en el oeste del Yemen, denunció en un comunicado una ONG del país árabe.

La menor Ilham Mahdi Al Asi murió el pasado 2 de abril en la provincia de Hayyat, a unos 120 kilómetros al noroeste de la capital yemení, precisó el Foro Árabe Al Chaqaeq para los Derechos Humanos, que es una organización que defiende a la mujer.

La niña fue obligada a casarse por una costumbre local conocida como "Al Badal", que obliga a la mujer a contraer matrimonio con un hombre, a cambio de que la hermana de este se case con el hermano de ella, indica la nota.

La ONG instó a "convertir a Ilham en un símbolo que confirma la brutalidad del crimen y los riesgos que sufren las menores debido a este tipo de casamientos prematuros".

Este suceso se produce en medio de una gran polémica en el Yemen a raíz de una decisión del Parlamento de fijar en 17 años la edad mínima para que una mujer pueda casarse, a lo que se oponen grupos islamistas y clérigos porque, dicen, "prohíbe lo que permite Aláh".

La controversia enfrenta a esos grupos islamistas con activistas pro derechos de la mujer, que prefieren que las adolescentes yemeníes agoten su infancia y se preparen mejor para formar una familia.

El debate estalló después de que el Parlamento aprobara en febrero pasado la introducción de una enmienda a la ley de Asuntos Civiles, que fijó en 17 años la edad mínima para que las chicas puedan contraer matrimonio.

Sin embargo, los diputados pertenecientes a partidos islamistas han pedido volver a debatir en el Parlamento la normativa, que aún no ha sido promulgada por el Gobierno.

Esta es la resolución que emitió el 17 de abril de 2009 la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema absolviendo a los ex ministros Jaime Yoshiyama, Carlos Boloña, Absalón Vásquez, Víctor Joy Way, Oscar de la Puente, Jaime Sobero, Alfredo Ross, Víctor Paredes y Augusto Antonioli de los delitos “contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, rebelión en agravio del Estado”.  Los absolvieron por su participación en el golpe del 5 de abril de 1992.

Su hallazgo tiene una breve historia. Hace dos días desperté recordando que era el 18º aniversario del golpe de Fujimori.  Quienes valoramos la democracia –y entre ellas estamos, felizmente, muchas mujeres- no podemos olvidar la noche en que apareció Alberto Fujimori en TV con su famoso “disolver, disolver”, los tanques en las calles, los soldados en el Poder Judicial...

Tuve un chispazo de emoción cuando encontré en Facebook la cuenta  "Rechazamos la absolución de los golpistas del 5 de abril de 1992".  Tienen más de 300 miembros, entre ellos el ex Premier Yehude Simons, el ex ministro Javier Neves, el ex senador Luis Bustamante Belaunde, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

A la sorpresa, siguió la curiosidad periodística y luego la búsqueda por más información.  Lo último que consigna Internet es la sentencia que emitió el 26 de noviembre de 2007 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú, condenando a penas de entre diez y cuatro años de cárcel a los diez ex ministros.  Juan Briones Dávila se llevaba la pena mayor:  10 años. Los ex ministros fujimoristas ya mencionados fueron condenados por esta sala a cuatro años de 'prisión en suspenso' (sin ingreso a la cárcel).

Este fallo, como dice Pedro Cateriano, creador de la cuenta “Rechazamos…” en Facebook, ya era benigno.  El fallo que vemos aquí es un escándalo.  

Mi curiosidad requería confirmación.  Y hoy, dos días después del 18 aniversario del golpe fujimorista a la democracia en nuestro país, la tengo: esta es la resolución que absolvió a estos ministros de participar, avalar y, en suma , ser cómplices de la ruptura democrática en el Perú.

 



Firman la resolución de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema los magistrados Rodríguez Tineo, Biaggi Gómez, Barrios Alvarado, Barandiarán Dempwolf y Neyra Flores. 

Ellos declararon nulo el fallo que dio la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en la parte que condenaba a los ex ministros argumentando que se basaba en “tipificaciones (legales) vagas”.   Sólo confirmaron la pena de diez años al general Juan Briones, ex Ministro del Interior, por su responsabilidad en los secuestros ocurridos el 5 de abril.

Los magistrados afirman también en la sentencia absolutoria que el único testigo que dijo que los ministros conocieron los planes de Alberto Fujimori antes de su mensaje televisivo es Vladimiro Montesinos, y no se ratificó en su acusación inicial.

Otro argumento: que los ex ministros fujimoristas no tenían “una motivación suficiente” para su delito. Descartaron así olímpicamente las argumentaciones de la Fiscal de la Nación, que había señalado en su acusación que la voluntad de los acusados de querer la realización del golpe era evidente, “tanto es así que rubricaron los Decretos Leyes que instauró el régimen, lo que se corrobora con el hecho de que una vez instaurado el gobierno de facto, ejercieron los más altos cargos del Poder Ejecutivo”.  

Afirmaron incluso que “la decisión (de dar el golpe) ya estaba tomada y el apoyo o el rechazo de los ministros al plan golpista” no iba a cambiar el curso de los acontecimientos.

Este proceso terminó para el Poder Judicial, pero no para los peruanos y peruanas que amamos la democracia.  Por eso es importante el esfuerzo de los creadores y seguidores de la cuenta “Rechazamos la absolución de los golpistas del 5 de abril de 1992":   porque expresa el rechazo ciudadano a la decisión de estos cinco magistrados.  Y porque es bueno que los más jóvenes, aquellos de menos de 18 años (los jóvenes son los más frecuentes usuarios de Facebook), se enteren de aquello que sucedió… 

Los feminicidios de Ciudad Juárez, que volcaron la mirada hacia lo que ocurría en México, son ahora pan del día en Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Tan impactantes son las cifras sobre los asesinatos contra mujeres en estos países (cifras de tres dígitos ya preocupan, ojo en el caso de Perú) que en 2007 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución instando a los Estados mexicano y centroamericanos a tomar medidas urgentes contra la impunidad.  A partir de esta Resolución, la problemática del feminicidio puede ser planteada en todos los procesos de negociación entre estos países y la Unión Europea, incluyendo la cooperación.  Es decir, México y los países centroamericanos  vieron en riesgo ayudas y todo tipo de convenios con los países europeos por no atfrontar adecuadamente el problema del feminicidio.   

Tal vez por ello Guatemala adoptó una ley contra el feminicidio.  Así de específica.  Sobre la experiencia de los y las guatemaltecos/as con esta ley , y lo que está ocurriendo en toda Centroamérica, habló Walda Barrios-Klee, especialista guatemalteca en el tema, con el diario El País: 


Sólo durante 2009, en Guatemala fueron asesinadas 847 mujeres. En los últimos 10 años, han muerto de manera violenta 5.027 guatemaltecas. Y en lo que va de año, ya suman 160. No se trata de violencia doméstica a puerta cerrada, sino de mujeres que son torturadas y asesinadas en lugares públicos, casi siempre por desconocidos. Walda Barrios-Klee (1951, Ciudad de Guatemala), consejera asesora de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, constata una realidad preocupante en una entrevista concedida a EL PAÍS en el marco de un seminario internacional sobre feminicidios en Guatemala y México, celebrado ayer en la Casa de América de Madrid. "¿Por qué fue famoso el caso de Ciudad Juárez? Porque allí empezaron. Pero de allí comienza a pasar en toda Centroamérica y en toda la región. Ya es una patología social", asegura.

Desde 2008, la legislación del país centroamericano reconoce el delito del feminicidio: el asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, motivado por el odio y la misoginia. "Los feminicidios están considerados como crímenes impersonales. El que mata a la mujer no tiene ninguna relación con ella. Es un crimen anónimo. El que asesina no conoce a la víctima y la mata por el hecho de ser mujer. Es lo nuevo del fenómeno", resalta Barrios.

Otro factor distintivo es la brutalidad empleada antes y después de la muerte de la víctima. "No se mata únicamente, sino que se persigue todo un ritual en el asesinato: tortura, mutilación y violación. Hay violación siempre, acompañada por un sadismo excesivo", precisa. Los cadáveres aparecen a menudo descuartizados, con las uñas arrancadas y la cara desfigurada.

La consejera, que fue candidata a la vicepresidencia de Guatemala en 2007, subraya que la ley contra los feminicidios "ha servido para que aumenten las denuncias porque las mujeres pierden un poco el miedo, pero no la penalización". Y tampoco ha conseguido frenar las agresiones. "La ley fue aprobada en marzo de 2008. Y en marzo de 2009, en lugar de bajar, aumentaron los crímenes".

Para Barrios, se trata de un fallo institucional. "La ley es una contribución al cambio cultural. No obstante, si el sistema de justicia no funciona bien, aunque haya ley, las cosas no van a cambiar mucho".

El llamado triángulo de la violencia [Guatemala, El Salvador y Honduras, según la descripción acuñada por Naciones Unidas, ya que tienen las tasas de feminicidios más altas de la región] ilustra un problema que va más allá de los conflictos armados, que acecharon en el pasado a El Salvador y Guatemala, y en los que la violación se usó como arma de guerra.

El primer puesto respecto al asesinato de mujeres, en los últimos años, lo solía ocupar Guatemala. "Ahora, Honduras tiene el primero, El Salvador el segundo, y Guatemala el tercero", afirma la defensora de los derechos de las mujeres. Y explica que esta situación se da no porque haya bajado la cifra en Guatemala, sino porque ha subido en Honduras.

"¿Qué tienen en común Guatemala y El Salvador? Las guerras internas. Honduras, no. Pero Honduras salta después del golpe de Estado. Es lo que cambia la situación allí. El problema tiene que ver con el papel del Estado y el debilitamiento de las estructuras estatales, algo que afecta a toda América Latina", añade la activista.

Es cierto que en el caso particular de Guatemala pesa también la herencia de una guerra fratricida de casi cuatro décadas, -el acuerdo de paz se firmó en 1996-, que dejó más de 200.000 muertos o desaparecidos, sin que se haya juzgado jamás a los verdugos. "Hemos tenido 36 años de conflicto armado durante los cuales el aparato de Estado se usó para la represión. Toda la estructura estatal quedó en manos de gente que tenía esa mentalidad del enemigo interno, que así se llamaba a la gente que quería una Guatemala distinta. Eso no se desmontó con la firma de la paz. La estructura del Estado quedó como era, con las mismas personas de la guerra. Por eso, no piensan en la justicia", explica Barrios.

A ese clima de impunidad generalizada se une un cambio de perspectiva. Ahora, las mujeres encarnan al enemigo interno, sostiene la activista, "porque empezamos a salir a la calle, a trabajar, a ser autónomas, a tener ingresos propios, a reivindicar espacios públicos y cuotas de poder. A medida que hay más participación política y más mujeres buscando cargos públicos, hay más asesinatos. El mensaje social parece ser que la mujer que sale de casa corre más peligro que la que se queda encerrada, aunque esto sea un mito. Porque incluso los maridos que te golpean y pegan en las casas no te matan como te matan en la calle. Es una forma de terrorismo".

El Estado peruano debe ser un Estado moderno, un Estado laico, es decir, basado en la separación entre el Estado y la Iglesia.

Pero Monseñor Cipriani puso el grito al cielo por la decisión del Ministro de Salud de volver a distribuir la píldora del día siguiente, basado en un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el carácter no abortivo de la AOE.

Una curia religiosa desprestigiada por los múltiples actos de pedofilia que estamos conociendo, en los que incluso el Papa estaría involucrado por un silencio cómplice ante casos concretos que conoció; pretende que volvamos nuevamente a la anterior sujeción del Estado a la Iglesia católica.

Hasta ahora, algunos ministros, ministra y el Presidente están dando muestras de querer desprenderse de las sotanas en las decisiones sobre políticas de planificación familiar. Votos y dedos cruzados para que así continúen. Un resumen de lo dicho por cada quién en este debate:

Presidente Alan García: “Hay un debate sobre la píldora del día siguiente. Es un debate de modernidad, científico. No es una discusión regresiva de un país primitivo”.

Cardenal Juan Luis Cipriani: "Yo no sé qué espera el presidente Alan García para mandar al ministro (de Salud) a su casa”.

Ministro de Salud, Oscar Ugarte: "Es impertinente que el cardenal Cipriani haya pedido mi renuncia".

Ministra de la Mujer, Nidia Vílchez: “Yo estoy en contra de abortos clandestinos, hijos no deseados y embarazos adolescentes, pero el Estado tiene derecho a plantear políticas públicas de planificación familiar".

Premier Javier Velasquez Quesquén: “Monseñor Cipriani ha expresado con el mayor respeto su opinión al decir que el titular de Salud debe irse a su casa”.

Ministro de Defensa, Rafael Rey: "La OMS se puede equivocar".

Lourdes Flores: “En este tema hay obviamente puntos de vista distintos, pero la decisión de remover a un ministro le compete exclusivamente al mundo de lo político”.